La casi totalidad de los diputados que reivindican su pertenencia al espacio progresista votaron a favor del proyecto de regulación democrática sobre los medios de comunicación audiovisuales. Se afirma así una tendencia que se insinuó en ocasión de la discusión de la reforma al régimen jubilatorio y, más recientemente, el sostenimiento de las retenciones a las exportaciones agrarias.

No debería sorprender la actitud tomada por el espacio de centroizquierda: la reforma de la “ley” dictatorial sobre los medios en un sentido antimonopólico forma parte del acervo político-cultural de ese sector. Sin embargo, hay buenas razones para interrogarse sobre la consistencia y la proyección en el tiempo de esa conducta. El propio episodio de la discusión de la ley muestra el profundo debate que atraviesa al progresismo.

Pino Solanas hizo todos los esfuerzos posibles para definir el voto de sus aliados en una dirección opuesta. Ni la orientación ni los argumentos del cineasta son novedosos; para él el conflicto político argentino gira en torno de un simulacro: el kirchnerismo oculta su faz –idéntica al menemismo, según Solanas– detrás de una fachada popular-progresista. Desnudar esa falsía es, desde hace ya un largo tiempo, la tarea principal de las fuerzas populares “verdaderas”.

En el caso de la ley de medios, la argumentación enfrentó un poderoso obstáculo. La elaboración del proyecto no es una lucubración de gabinete surgida entre gallos y medianoche del riñón kirchnerista: es el producto de un poderoso movimiento social que impulsaron organizaciones sociales y dirigentes políticos de innegable trayectoria y clara pertenencia a la izquierda. De manera que los argumentos para desecharlo y mantener en pie una ley que supedita la libertad de expresión a las necesidades de la “seguridad nacional” no lucían muy atractivos. En la práctica, la prédica oposicionista fue progresivamente aislada y reemplazada por una inteligente línea de negociación del proyecto punto por punto.

Por otro lado, Solanas, a pesar de su reciente notable elección en la Ciudad de Buenos Aires no ha alcanzado el liderazgo indiscutido del sector. Un importante núcleo de dirigentes y fuerzas de centroizquierda vienen sosteniendo una mirada distinta sobre el proceso político en curso. Martín Sabbatella, referencia central de esta corriente, lo sostuvo de modo insistente en su también exitosa campaña electoral: el kirchnerismo puede ser objeto de muchos y razonables cuestionamientos, pero no debería negarse que su gobierno ha desplegado una agenda de cuestiones centrales para el futuro. En consecuencia, aparece muy problemático el desarrollo de fuerzas populares y progresistas al margen de los nudos reales del conflicto político, tal como se viene dando en estos días.

Después de la votación en Diputados, asistimos a una inopinada intervención del columnista del diario Clarín Eduardo van der Koy en el debate del progresismo. En su comentario del viernes 18 pasado, advierte la generación de un bloque de poder kirchnerista para la transición, basado en el acuerdo con el centroizquierda. Añora de este espacio “la capacidad de análisis global que supo caracterizarla aquí y en cualquier rincón del mundo”. Y hace una serie de llamados de atención principalmente dirigidos al Partido Socialista, en el sentido de que su conducta reciente podría debilitar su esquema de gobernabilidad en la provincia de Santa Fe. El operativo extorsivo sobre el socialismo santafesino fue adquiriendo visibilidad en las últimas horas y se basa en el avieso rumor de una “compra” de los votos de la bancada de ese partido por parte del gobierno nacional. Las hasta ahora no desmentidas declaraciones de Felipe Solá sobre el uso de la chequera gubernamental para ganar la votación concurren en la generación de un clima –furiosamente amplificado por el grupo Clarín– en el que el debate político es sustituido por las descalificaciones sin fundamento.

Para la izquierda parece ser un momento de grandes definiciones. No se trata del falso dilema de apoyar o no al gobierno de Cristina Kirchner. Lo que está en cuestión es el perfil de una posición política y su proyección futura. En estos días hemos asistido a una demostración de fuerzas del progresismo. Lejos de quedar atrapado en una lógica de “todo o nada”, los diputados del sector activaron una negociación inteligente y con base de principios. Lograron la modificación de los aspectos más conflictivos del proyecto: la apertura del acceso de las telefónicas al negocio mediático y la composición de la autoridad de aplicación. Tenemos un proyecto con media sanción mejorado seriamente respecto de su redacción original. El Gobierno también hizo la experiencia de cómo la flexibilidad política y el diálogo facilita la construcción de mayorías concretas en temas de particular sensibilidad. El progresismo no puso esta vez el testimonio moral en el lugar de la definición política; no recitó su desgraciadamente frecuente apelación a todo lo que está mal en el país y a todo lo que este gobierno no ha resuelto. Se situó en la materia del debate y produjo un resultado que por su amplitud y contundencia crea favorables condiciones para el debate en el Senado.

Pero la discusión sigue. Y las presiones de los grupos multimediáticos y de las corporaciones empresarias se pondrán al rojo vivo. Están dispuestos a dialogar con un centroizquierda “serio”, “moderno”, “realista”. Con un centroizquierda que haya aprendido definitivamente la existencia de límites insalvables para cualquier proyecto transformador. No importa si el progresismo clama contra la pobreza y la injusticia: eso forma parte del folklore de cualquier “país normal”. El problema es que esté dispuesto a comprometer sus fuerzas en la definición de las pulseadas reales de poder que transcurren. Si así ocurre se termina con los buenos modales. Sobreviene el chantaje, las campañas de descalificación, el silenciamiento. Para tener buen marketing, la izquierda tiene que tener comportamientos “razonables”.

Parece estar naciendo un proyecto serio y maduro en el centroizquierda. Un proyecto sólida e indiscutiblemente democrático. Ajeno a toda idea fundamentalista y maniquea. Y dispuesto a crecer en democracia, a ampliar su base de sustentación con un horizonte de mayorías y de gobierno. Por supuesto que tendrá que recorrer un camino complejo y lleno de obstáculos. Pero ni el atajo de las concesiones políticas a la derecha, ni el ejercicio de la proclamación sectaria de las propias verdades al margen de la lucha política deberían torcer el camino emprendido.

“A un cantor lo llaman bueno
cuando es mejor que los piores.”
José Hernández, Martín Fierro.

La mayoría de las leyes y medidas sustanciales de los últimos 25 años se aprobaron entre gallos y medianoche, se consagraron con mayorías estrechas, provocaron discusiones enardecidas. Pocos anteproyectos estuvieron en vidriera varios meses antes, como el de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA). El oficialismo recuperó una capacidad olvidada que lo embelleció en sus primeros años: la de expresar demandas de larga data y prestar oreja a fuerzas de mayor tradición en la defensa de derechos humanos y sociales. “Abrió” la propuesta, modificó sensiblemente o taló puntos que le fueron cuestionados. Los 147 votos que se lograron en Diputados expresan un claro arco de alianzas y un sesgo ideológico preciso.

Todos los que acompañaron la iniciativa oficial desde el centroizquierda pueden engarzar esa decisión con su trayectoria previa. Claudio Lozano, de Proyecto Sur, no se privó de nada al fundar su voto. Recorrió los errores y desvíos del kirchnerismo y sintetizó bien: “No estamos votando a un gobierno sino una ley”. El socialismo fue consistente con sus principios, arriesgando mucho: Hermes Binner gobierna, tras años de digna construcción democrática, una gran provincia donde convive con la Gran esperanza blanca y lacónica. Las represalias mediáticas y políticas se harán sentir, lo suyo no fue un cálculo mezquino de oportunidad. Binner sabe –cualquier político de fuste sabe– que los poderes fácticos son más contumaces, más despiadados y (dato muy poco subrayado) más perdurables que los políticos.

La oposición más enconada eligió una posición obstruccionista. Disponía de un inmenso terreno para conseguir mejoras a la norma en el contexto abierto por el oficialismo al retractar el ingreso a las telefónicas del cable. No era esa su intención. Con las cartas jugadas y evitando que le contaran las costillas (una derrota de 147 a 100, con suerte), se retiró del recinto. Esas movidas, como el manejo del quórum, son un recurso parlamentario que en sí mismo no debería escandalizar. Sí choca que dirigentes democráticos se comporten como los “dueños de la pelota”. Cuando se ganan elecciones, se habla de gesta republicana, se cantan loas a la madurez ciudadana. Cuando se pierde, se infama al clientelismo, los ciudadanos se homologan a rehenes, se atribuye el mal resultado al voto cadena. Cuando el vicepresidente desempata de modo negativo, el Congreso es el pulmón de la república. Cuando se está a punto de caer por goleada, se miden los minutos con cronómetro, se hace un uso falaz y disfuncional del reglamento, se sale corriendo a Tribunales. Fea la actitud.

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Estado y mercado: Una constante enojosa es explicar las decisiones del adversario en exclusiva clave de corrupción. Se menoscaban las disidencias, la diversidad de enfoques, la plena lógica del pluralismo. El radicalismo, el peronismo disidente, el PRO y la Coalición Cívica armaron un relato sencillísimo: no se retomaba una eterna deuda del sistema democrático, apenas se procuraba hacer un negociado con Telecom. Abolida esa hipótesis, por una inteligente decisión de la Presidenta, quedaron pedaleando en el aire.

Tenían espacio para hacer algo más sistémico. Lo que se dirime es una clásica discusión entre Estado y mercado, un tópico de las diferencias entre centroderechas y centroizquierdas o populismos o regímenes más o menos estatizantes. De un lado, quienes piensan que el desenvolvimiento del mercado genera condiciones virtuosas y deploran la intervención pública. De otro, los que creen en la necesidad de la regulación y mocionan que la defensa de derechos esenciales (como el de la comunicación) imponen un rol activo del Estado y no su mera abstinencia.

Por cierto, este es el perfil idealizado del tema. Lo acecha el autoritarismo gubernamental, de un lado. De ahí las prevenciones de fuerzas alternativas al oficialismo que forzaron modificaciones en la autoridad de aplicación.

Lo empioja algo más denso, del otro. Las disfunciones del mercado, los oligopolios y grupos con posiciones dominantes, suelen recibir manitos muy generosas de los gobiernos. Papel Prensa, la reforma menemista de la Ley de Radiodifusión, la ley de bienes culturales, las prórrogas de las licencias concedidas por el kirchnerismo no fueron producto del libre juego de la oferta y la demanda. Fueron momentos intensos de activismo estatal, en favor de los poderes fácticos, usualmente inscriptos en un nimbo de silencio o acuerdo palaciego.

Una mayor sinceridad hubiera enriquecido el debate y –es razonable presumirlo– el texto aprobado por Diputados. La opción fue otra, de baja intensidad democrática, con terminal en los Tribunales.

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Campanas afinadas: La fruición por la anécdota, tan cara a los políticos de vuelo bajo y al periodismo, hace perder de vista que el fenómeno trasciende las fronteras locales. Un flamante y recomendable libro de Martín Becerra y Guillermo Mastrini (Los dueños de la palabra. Acceso, estructura y concentración en los medios en la América Latina del siglo XXI) provee un análisis comparado de las tendencias que se controvierten aquí. La concentración cunde en América del Sur. Un grupo reducido de medios acapara porciones formidables del mercado publicitario y de la audiencia, aquí y acullá. La concentración limita las posibilidades expresivas de medios alternativos. “La propiedad cruzada de los medios (…) se traduce en un marco de intervención de grandes grupos con escasos márgenes de incidencia para otros actores sociales económicos, políticos y culturales. (…) La concentración en pocos grupos conduce a advertir sobre la inevitable tendencia de los medios controlados por esos grupos a validar y representar su propio interés (y el de sus alianzas) como el interés general.” Esto no sería letal, agreguemos, si otras voces pudieran hacerse sentir.

Las campanas, lo dijo bellamente John Donne, siempre doblan por ti. Pero la isocronía de los procesos políticos hace que repiquen parecido en todo el vecindario. El peso público de los conglomerados mediáticos, su rol de articulador de la oposición a todos los procesos de cambio (bien diversos) que conviven en América del Sur es un desafío común a la construcción de democracias estables, garantes de ciudadanía plena, agrega el cronista.

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Opacidad y luz: Becerra y Mastrini comentan una traba que tuvieron para investigar, la opacidad informativa. Deriva de la falta de datos oficiales confiables pero también de “la falta de colaboración para brindar información de acceso público por parte de los actores concentrados de la industria de la información y la comunicación”. Puede añadirse que la oscuridad tiene otras estribaciones. Grandes protagonistas de la vida pública, hombres y mujeres que impusieron políticas y transferencias de recursos fastuosos, son desconocidos por los ciudadanos. Estos ven todo el tiempo a sus mandatarios o legisladores, conocen sus muletillas o tics, su modo de vestir o de caminar, se embelesan o se hastían de ellos, los promueven o relevan de modo regular. Otros decisores enormes son desconocidos. Han de ser pocos los argentinos, aun bien informados, que conocieran el rostro de Daniel Vila antes de sus golpistas declaraciones sobre la ley.

El proceso de debate sobre la ley dejó en flagrante minoría, lindante con la soledad, a los defensores del statu quo. Quizá fantasearon con reeditar la reacción social que produjo el conflicto de las retenciones móviles. Pero esta vez su propio frente se resquebrajó, por eso debieron salir a la luz, que los incomoda. Periodistas, artistas, comunicadores de variadas posturas políticas, muchos de ellos opositores severos, entendieron el nudo de la cuestión. No hubo movilizaciones ciudadanas, ni colectivos de personalidades de la cultura que se aferraran al aciago régimen vigente. Hasta las audiencias públicas promovidas con más ánimo dilatorio que constructivo reflejaron el fenómeno. Hasta en Mendoza, patria chica del vicepresidente Julio Cobos y del Grupo Vila-Manzano.

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De cuerpo presente: Repasemos una viñeta de la audiencia realizada en esta semana a la que se costearon varios diputados nacionales opositores. El encuentro tuvo un viraje notable, no exento de simbolismo. Las ponencias favorables a la iniciativa oficial superaron a sus contradictores. El público, preponderantemente joven y estudiantil, multiplicó el efecto.

Juan Gispert, presidente del Centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuyo, expuso una ponencia. Describió el peso hegemónico de los grandes grupos, en especial en su provincia. Y propagó una denuncia que viene de lejos: “El Holding Supercanal (grupo Vila-Manzano) es el mismo que se ha apropiado en forma ilegal de 40 hectáreas pertenecientes a la Universidad Nacional de Cuyo, hoy carente de provisión de agua potable y, que por ser el principal accionista de la empresa que provee de esta esencial necesidad humana, se propone mediante esta estafa hacer uno de los más grandes negociados inmobiliarios de que la provincia de Mendoza tenga memoria”. Vila, flanqueado por un par de disimulados guardaespaldas, estuvo un buen rato, guardó silencio. Los diputados no emitieron palabra en la audiencia, que dejaron con sorprendente premura.

El resultado en el ágora fue tanto o más amplio que en el recinto del Congreso, de ahí la deriva a la acusación torpe o a la judicialización.

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A judicializar, a judicializar: Lógico y lícito es que, quienes sienten amenazados sus intereses, analicen la posibilidad de defenderlos en tribunales. La conducta de los representantes del pueblo debería tomar delicada distancia de esas tácticas privadas. La diputada Patricia Bullrich repitió una mala costumbre: anunciar la inconstitucionalidad de un proyecto que aún no es ley, como lo hizo cuando la reinstalación del sistema de reparto. Ante una goleada de similar jaez, degradó el voto de sus pares. No fue similar su conducta cuando el gobierno de la Alianza, en el que revistaba, confiscó los haberes de los jubilados. Ahorró ahí menciones a la seguridad jurídica que suele mentarse sólo para defender patrones o corporaciones. La cuestión se judicializó, la exacción fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema.

Felipe Solá también cayó en la demasía de denigrar a sus adversarios. Atribuyó su congruencia a “la chequera”. Al ex gobernador y diputado electo le cuesta entender que hay políticos con coherencia histórica, quizá porque ése no sea su caso. Su recorrido es más bien itinerante. Sus puntos más oscuros son la anuencia a los indultos de Carlos Menem, la destrucción de las Juntas Nacionales de Carnes y Granos, la predación de la actividad ictícola, la campaña bajo el slogan “meta bala” con Carlos Ruckauf, la defensa encendida del comisario Fanchiotti durante casi un día, hasta que se probó que era el autor directo de los asesinatos de los pibes Kosteki y Santillán. También tuvo momentos virtuosos, como cuando convocó a su lado a dirigentes de bien y de convicciones bien puestas, como León Arslanian y Juan Pablo Cafiero. No es fácil encontrar linealidad en ese derrotero, pero sería una ruindad atribuirla a una seguidilla de chequeras contrapuestas y no a zigzagueos de sus alineamientos políticos.

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Prospectivas: El Acuerdo Cívico y Social se fragmentó frente a la propuesta. El socialismo volvió a sus fuentes, el radicalismo borró con el codo trances estimables del pasado. Los diputados que responden a Margarita Stolbizer discutieron mucho acerca de su posición frente al proyecto reformado. La propia referente se apartó del mainstream panradical: era mejor quedarse en el recinto que retirarse, mocionó.

El kirchnerismo desordena a sus rivales cuando tiene iniciativas aperturistas. El diálogo, que menoscabó de mala manera, produjo fisuras. La LSdCA revolvió el avispero. Esas movidas democráticas le son más rentables que las embestidas torpes y frontales.

Muchos de los contingentes aliados del miércoles integran el “setenta por ciento que votó contra el Gobierno”. Honraron sus mandatos, no se casaron con el oficialismo: su aval ante futuras medidas se negociará caso por caso.

¿Aprenderá esa gimnasia el kirchnerismo? No es su fuerte, es parte de su necesidad para repechar en los años por venir.

mwainfeld@pagina12.com.ar